Después de ver la presentación del informe para la reforma de las Administraciones Públicas, un libro que tiene 251 páginas, lo que más me ha llamado la atención es el capítulo que versa sobre el patrimonio inmobiliario de las Administraciones Públicas.
El documento integra un total de 15.135 inmuebles enajenables con la siguiente distribución por organismos:
- Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa: 8.170.
- Dirección General del Patrimonio del Estado: 5.107.
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias: 1.514.
- Tesorería General de la Seguridad Social: 117.
- Grupo Correos: 112.
- Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado: 96.
- SEPIDES: 19.
La Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP) marca cinco líneas prioritarias de actuación, de las cuales, me quedo con la primera:
Elaboración de un diagnóstico preciso de la situación actual del patrimonio inmobiliario, apoyado en la aplicación denominada Sistema de Información para la Gestión Inmobiliaria (SIGIE).
Es grato, ver como este gobierno apuesta por el uso de los Sistemas de Información Geográficos (SIG o GIS por sus siglas en inglés) para tener un control de su patrimonio, lo que me extraña, es que no se tuviese antes y estamos a 2013. Esto muestra el grado de descontrol que existe en las Administraciones Públicas y lo poco que se ha hecho por subsanarlo, hasta ahora.
La iniciativa me parece un acierto y una apuesta clara por el uso de las tecnologías de la información geográfica, que por otra parte son el método más eficaz de controlar una cantidad tan elevada de inmuebles dotando al sistema de una componente geográfica tan necesaria.
